El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un impuesto que se aplica en España sobre determinados actos jurídicos que se plasman en documento público o privado. Este impuesto se aplica a un porcentaje del precio o valor de la transacción, y su tributación recae sobre el comprador o el adquirente del bien o derecho en cuestión. Algunos de los actos jurídicos sujetos al pago del AJD son:
La compraventa de bienes inmuebles
El arrendamiento de bienes inmuebles
El otorgamiento de préstamos y créditos
El cambio de garantías
La constitución de hipotecas
El porcentaje del impuesto varía según la Comunidad Autónoma en España y el acto jurídico documentado que se realice. Por ejemplo, en algunas Comunidades el impuesto sobre las compraventas de inmuebles puede oscilar entre el 1% y el 1,5% del precio de la transacción. En general, la tributación de AJD se realiza en la misma escritura de compraventa o arrendamiento. Sin embargo, también puede realizarse en el Registro de la Propiedad, si es el caso.
En resumen, el AJD es un impuesto que se aplica en España sobre algunos actos jurídicos documentados, como las compraventas de bienes inmuebles, el arrendamiento, la constitución de hipotecas, entre otros. El porcentaje del impuesto varía según la Comunidad Autónoma y el acto jurídico documentado.
La amortización de una hipoteca es el proceso mediante el cual se va pagando gradualmente el capital pendiente de un préstamo hipotecario. El objetivo de la amortización es reducir gradualmente la deuda contraída para adquirir un bien inmueble.
En una hipoteca, el prestatario (la persona que toma el préstamo) paga una cuota mensual al prestamista (el banco o entidad financiera) que consta de dos partes: intereses y amortización del capital.
La parte de intereses se refiere a la cantidad de dinero que se debe pagar al prestamista por el uso del dinero prestado. La parte de amortización se refiere a la cantidad de dinero que se destina para reducir el capital pendiente de la hipoteca.
La amortización de una hipoteca puede ser de varios tipos, pero los más comunes son la lineal y la francesa. En el caso de amortización lineal, las cuotas son iguales durante toda la vida del préstamo, y una parte cada vez mayor de la cuota se destina a amortizar el capital. En cambio, en una hipoteca francesa, las cuotas son decrecientes a medida que se va amortizando el capital, es decir, se paga menos interés y más amortización cada mes.
La amortización de una hipoteca es un proceso importante ya que te permite ir reduciendo el capital pendiente y, al mismo tiempo, reducir los intereses que debes pagar al banco. Es importante que el prestatario tenga en cuenta la amortización al momento de elegir una hipoteca, ya que esto puede afectar significativamente a las cuotas mensuales a pagar y al plazo de la hipoteca.
En resumen, la amortización de una hipoteca es el proceso mediante el cual se va pagando gradualmente el capital pendiente de un préstamo hipotecario con el objetivo de reducir el capital pendiente y los intereses debidos. Es un proceso importante que debes tener en cuenta al elegir una hipoteca ya que puede afectar significativamente a las cuotas mensuales y al plazo de la hipoteca.
Un contrato de arras es un acuerdo entre dos partes (comprador y vendedor) mediante el cual el comprador entrega una suma de dinero (llamadas arras) al vendedor como garantía de que va a cumplir con la compraventa de un bien inmueble acordada entre ambas partes. El contrato de arras es un documento escrito y debe reflejar las condiciones acordadas entre el comprador y el vendedor.
Existen dos tipo de contrato de arras: las arras penitenciales y las arras confirmatorias.
Las arras penitenciales son aquellas que se entregan como garantía de cumplimiento de la compraventa y se considera una penalización para el comprador en caso de incumplimiento. Es decir, si el comprador no cumple con la compraventa, pierde las arras entregadas al vendedor.
Las arras confirmatorias son aquellas que se entregan al vendedor como una señal de compromiso del comprador para llevar a cabo la compraventa, su entrega suele dar lugar a la firma del contrato de compraventa. Si el comprador no cumple con la compraventa, el vendedor podrá retener las arras.
En cualquier caso, es importante destacar que el contrato de arras no tiene carácter vinculante y no implica la compraventa del bien, ya que ésta se debe de realizar en un contrato de compraventa diferente. Es importante que ambas partes conozcan las condiciones y obligaciones que se refieren a las arras para evitar malentendidos.
En resumen, un contrato de arras es un acuerdo entre el comprador y el vendedor mediante el cual el comprador entrega una suma de dinero al vendedor como garantía de cumplimiento de la compraventa de un bien inmueble. Existen dos tipos de contrato de arras: las arras penitenciales y las arras confirmatorias. Es importante que ambas partes conozcan las condiciones y obligaciones relacionadas con las arras para evitar malentendidos.
Un arrendador es una persona o entidad que tiene el derecho de propiedad o posesión de un inmueble y lo alquila a otra persona, conocida como el arrendatario. El arrendador es quien tiene la facultad de poner a disposición del arrendatario el uso temporal del inmueble a cambio de una renta o alquiler.
En un contrato de arrendamiento, el arrendador es el dueño del inmueble y se compromete a entregar el uso y disfrute del mismo al arrendatario durante un período de tiempo determinado, mientras que el arrendatario se compromete a pagar una renta mensual por el uso del inmueble y a cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento.
El arrendador es responsable de mantener en buen estado el inmueble y de cumplir con las obligaciones legales relacionadas con el mismo, como las relativas a la seguridad, salubridad, conservación y accesibilidad. El arrendador también tiene el derecho de inspeccionar el inmueble de forma periódica para asegurarse de que el arrendatario está cumpliendo con las condiciones del contrato.
Es importante destacar que, en algunos países, para poder ser arrendador es necesario cumplir con ciertos requisitos legales, como estar al corriente de pago de impuestos y cumplir con las normativas relacionadas con la seguridad e higiene en el inmueble, entre otras.
En resumen, el arrendador es una persona o entidad propietaria o poseedora de un inmueble y que decide alquilarlo a otra persona (arrendatario) mediante un contrato de arrendamiento. El arrendador es responsable de mantener el inmueble en buen estado, cumplir con las obligaciones legales relacionadas con el mismo y tiene derecho a inspeccionarlo periódicamente. Es importante cumplir con los requisitos legales para poder ser arrendador.
Un aval inmobiliario es una garantía que se establece en el momento de formalizar un contrato de préstamo o hipoteca para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato. Se trata de un compromiso formal de un tercero, conocido como el avalista, de cumplir con el pago de las deudas en caso de que el prestatario (el solicitante del préstamo) no sea capaz de hacerlo. El avalista se convierte en responsable solidario con el prestatario.
El aval inmobiliario se suele requerir para obtener préstamos hipotecarios y suele ser exigido por las entidades financieras para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo, como el pago de las cuotas mensuales. El avalista puede ser una persona física o jurídica, como una empresa o una entidad financiera.
En el caso de un aval inmobiliario, el avalista garantiza con su patrimonio el cumplimiento de las obligaciones de pago del prestatario, que suelen ser el pago de las cuotas mensuales de amortización y los intereses. En caso de incumplimiento del prestatario, el avalista deberá hacerse cargo del pago de la deuda.
Es importante destacar que existen diferentes tipos de aval, y no todos los avalistas pueden ofrecer su patrimonio como garantía, existen diferentes tipos de avalistas: los avalistas personales, que ofrecen su patrimonio personal y los avalistas institucionales, que ofrecen el patrimonio de su entidad, se requiere de una relación de confianza para establecer un aval.
En resumen, un aval inmobiliario es una garantía establecida en un contrato de préstamo o hipoteca para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato, se trata de un compromiso formal de un tercero (el avalista) de cumplir con el pago de las deudas en caso de que el prestatario no sea capaz de hacerlo. El avalista se convierte en responsable solidario con el prestatario. Es importante destacar que existen diferentes tipos de avalistas y no todos los avalistas pueden ofrecer su patrimonio como garantía.
La cancelación de una hipoteca es el proceso mediante el cual se extinguen todas las obligaciones y derechos derivados de un préstamo hipotecario. Es decir, se paga el último plazo de la deuda pendiente y se procede a cancelar la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.
Existen varias formas de cancelar una hipoteca, pero la más común es mediante el pago total del capital pendiente. Es decir, el prestatario (la persona que tomó el préstamo) debe pagar todas las cuotas pendientes de amortización y los intereses correspondientes para extinguir la deuda y poder cancelar la hipoteca.
Otra forma es mediante la novación del préstamo hipotecario, que es la sustitución del préstamo original por otro nuevo, con diferentes condiciones, como tasa de interés o plazo de amortización. De esta forma, se puede cancelar la hipoteca original y se inscribe una nueva hipoteca en el Registro de la Propiedad.
En algunos casos, es posible cancelar una hipoteca mediante un acuerdo con el prestamista, el cual puede incluir la venta del inmueble hipotecado, una subrogación, una dación en pago, entre otras.
En resumen, la cancelación de una hipoteca es el proceso mediante el cual se extinguen todas las obligaciones y derechos derivados de un préstamo hipotecario, se procede a cancelar la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad. La forma más común es mediante el pago total del capital pendiente, pero también puede ser mediante un acuerdo con el prestamista o la novación del préstamo.
La cancelación anticipada en una hipoteca es cuando un prestatario decide pagar la deuda de la hipoteca antes de la fecha de vencimiento originalmente acordada. Esto significa que el prestatario está pagando el saldo total adeudado en la hipoteca, incluyendo todos los intereses y cualquier otro cargo, antes de tiempo.
Hay varias razones por las que un prestatario puede optar por cancelar una hipoteca anticipadamente. Una razón común es que el prestatario ha mejorado sus finanzas y ahora tiene la capacidad de pagar la deuda de la hipoteca en su totalidad. Otra razón podría ser que el prestatario ha encontrado una tasa de interés más baja en otra hipoteca y quiere cambiarse para ahorrar dinero en intereses a largo plazo.
Cancelar una hipoteca anticipadamente puede tener ventajas y desventajas. Una ventaja es que el prestatario puede ahorrar dinero en intereses a largo plazo, ya que no tiene que pagar intereses durante el tiempo restante de la hipoteca. Sin embargo, una desventaja es que algunos prestamistas pueden imponer penalidades por cancelación anticipada. Estas penalidades pueden incluir cargos por cancelación anticipada, que pueden ser significativos y reducir la cantidad de dinero que el prestatario ahorra al cancelar anticipadamente.
Antes de cancelar una hipoteca anticipadamente, es importante que el prestatario lea y comprenda los términos y condiciones de su acuerdo de hipoteca, incluyendo cualquier cláusula de cancelación anticipada y las posibles penalidades. Además, es importante considerar los efectos fiscales de cancelar una hipoteca anticipadamente. El prestatario debe consultar a un profesional de impuestos para obtener información sobre los posibles efectos fiscales.
Sí, con gusto. Un periodo en el que sólo se pagan intereses y no se amortiza capital principal se conoce como un periodo de carencia. Durante este periodo, el prestatario solo paga intereses sobre la deuda pendiente de la hipoteca, y no realiza pagos hacia el capital principal. Esto significa que el saldo de la deuda no disminuye durante este periodo.
Hay varias razones por las que un prestatario puede optar por un periodo de carencia en una hipoteca. Una razón común es que el prestatario está pasando por un período temporal de dificultades financieras y necesita tiempo para recuperarse antes de comenzar a hacer pagos regulares hacia el capital principal. Otra razón podría ser que el prestatario está esperando recibir una gran cantidad de dinero en el futuro, como un bono o una herencia, que le permitirá pagar la deuda de la hipoteca en su totalidad más adelante.
Es importante tener en cuenta que durante un periodo de carencia, el prestatario sigue acumulando intereses sobre la deuda pendiente de la hipoteca, y estos intereses se sumarán al saldo de la deuda cuando finalice el periodo de carencia. Esto significa que el prestatario tendrá que pagar intereses adicionales sobre la deuda pendiente en el futuro.
Además, es importante mencionar que no todos los prestamistas ofrecen periodos de carencia en sus hipotecas, y aquellos que lo hacen, suelen tener una serie de requisitos y condiciones que deben ser cumplidos. Así que es importante verificar con el prestamista si es posible tener un periodo de carencia en su hipoteca y también si tiene algún tipo de penalización o comisiones adicionales.
Las cargas en una vivienda son obligaciones o restricciones legales que se colocan sobre una propiedad y que deben ser cumplidas por el propietario actual o futuro. Estas cargas pueden afectar la manera en que se utiliza o se financia la propiedad, y pueden tener un impacto significativo en su valor.
Algunos ejemplos de cargas en una vivienda incluyen:
Hipoteca: Una hipoteca es una carga legal en la que el propietario de una propiedad utiliza la misma como garantía para un préstamo hipotecario. Esto significa que el prestamista tiene derecho a recuperar la propiedad si el prestatario no cumple con sus obligaciones financieras.
Cargas restrictivas: Estas son restricciones legales impuestas en una propiedad que limitan la manera en que se puede utilizar o desarrollar. Por ejemplo, una propiedad puede tener una carga restrictiva que prohíba la construcción de edificios en el terreno o que imponga límites en el uso de la propiedad, como sólo permitir su uso para fines residenciales.
Cargas de servicios públicos: Estas son obligaciones legales en las que un propietario debe pagar por servicios públicos, como el agua, la electricidad o el alcantarillado, para su propiedad.
Cargas de conservación: Estas son restricciones legales que se colocan en una propiedad para proteger su valor histórico o cultural. Por ejemplo, un edificio histórico puede tener una carga de conservación que prohíba hacer cambios significativos en su apariencia o estructura.
Es importante tener en cuenta que estas cargas legales pueden afectar el valor de la propiedad y pueden afectar la capacidad de un propietario para financiar o vender la propiedad. Por lo tanto, es importante que un comprador potencial o un propietario actual investigue y entienda cualquier carga legal que afecte a una propiedad antes de comprarla o venderla.
Es el documento administrativo expedido por el órgano urbanístico competente “G.M.U.”, que acredita la idoneidad de la vivienda para el uso a que se la destina.
Es el medio mas seguro de conocer el contenido del Registro, ya que garantiza bajo la fe y responsabilidad del Registrador, el estado y situación de la finca.
Son los gastos originados por los servicios de estudio, administración y gestión en la concesión de un préstamo.
Es solo una comunidad de bienes con nombre propio, no tiene personalidad jurídica y por tanto los actos de compra o hipoteca se llevan a cabo por cada uno de los propietarios de forma individual.
Forma legal por virtud de la cual una o varias personas se obligan a favor de otra u otras al cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer, debiendo ser respetado por los firmantes del mismo. En alquileres, arrendador y arrendatario, y en compraventa, comprador y vendedor.
Es la cantidad de dinero a pagar en cada periodo en que se ha dividido el préstamo hipotecario.
A diferencia de la escritura pública, no interviene ningún Notario, produciendo efecto sólo entre las partes que lo firman, no obstante una de las partes puede pedir a la otra la elevación a escritura pública.
Porcentaje que se incrementa al índice de referencia en cada periodo de modificación del tipo de interés en los préstamos de interés variable.
Requiere la intervención del Notario, quien recoge la voluntad de las partes, conforme a lo requerido por ellas, y ajustándose a los requisitos legales.
Información, investigación y recopilación de datos económicos del mercado inmobiliario en distintos sectores a efectos de establecer las ventajas o inconvenientes de efectuar unas promociones.
Cuando se celebra un contrato de alquiler, la misma es obligatoria y debe de ser depositada en el organismo competente, normalmente la Delegaciones de Hacienda de las Comunidades Autónomas.
Termino que se designa en el registro de la propiedad a una vivienda. Cada vivienda se dice que es una “finca registral”.
El vendedor deberá de pagar la Plusvalía Municipal; El comprador pagará el IVA, o ITP, y AJD, los honorarios de Notaria por la matriz, así como las copias de la escritura y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Si en la operación ha intervenido un agente inmobiliario, los honorarios de éste, serán por cuenta de la parte que ha encargado la operación.
Actúa como el promotor que gestiona, impulsa y coordina todas las fases de la construcción, obteniendo unos honorarios por sus servicios.
Derecho que vincula un bien inmueble al cumplimiento de una obligación, en este caso el préstamo.
Impuesto municipal sobre Bienes Inmuebles; cuota fijada por el Ayuntamiento, a pagar por recibos emitidos por él mismo.
Índice de precios del consumo, dicho índice está certificado por el Instituto Nacional de Estadística. El mismo sirve para actualizar la renta aumentando o disminuyendo la misma.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Se paga por la compra de una vivienda cuando el vendedor es un particular, lo que sucede siempre en las ventas de segunda mano.
Impuesto sobre el Valor Añadido. Grava la venta de viviendas cuando el vendedor es un empresario.
Ley de arrendamientos urbanos “Ley 29/94” de 24 de noviembre de 1994.
Es el documento administrativo expedido por el órgano urbanístico competente “G.M.U.”, que acredita la idoneidad de la vivienda para el uso a que se la destina.
Sistema de club por lo que una propiedad es disfrutada por múltiples personas. El consumidor o comprador deberá comprobar en el Registro de la Propiedad su especial régimen jurídico.
Tiene como principal función dar autenticidad y fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en el documento público redactado conforme a las leyes.
Información registral que nos informa de la descripción, situación propiedad y el estado de cargas en que se encuentra la finca.
Negociar con la entidad financiera un cambio en el tipo de interés y/o el plazo.
Derecho que se concede a una persona física o jurídica para que pueda optar, dentro de un plazo establecido, a la compra de un bien en las condiciones que se establezcan en el propio documento de la opción. La opción puede otorgarse gratuitamente u onerosamente (generalmente esto último) y puede pactarse que el precio de la opción (si existe) forme parte del precio de compra o no.
Se trata de una cantidad de dinero que se entrega a cuenta del precio final, por lo que ambas partes confirman su intención de comprar y vender.
Plazo de tiempo en el que se devuelve el principal de préstamo y los intereses.
Periodicidad con que se realiza la modificación del tipo de interés (en préstamos variables).
Plan General de Ordenación Urbana.
Legalmente definido como el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto municipal.
El realizado para la adquisición de una vivienda.
Incremento del plazo pactado. Normalmente se da en los contratos de alquiler, en los que arrendador y arrendatario así lo han estimado.
Tiene entre sus funciones manifestar el contenido del Registro, mediante el cual podemos conocer la situación jurídica de la vivienda.
Oficina pública donde se inscribe todo lo referente a la propiedad de inmuebles y demás derechos sobre ellos.
Si nos referimos a la renta del alquiler, es el precio que una parte debe de pagar a la otra por el uso y disfrute de un bien.
Ceder parte de un bien arrendado, se requiere la autorización del arrendador.
Cambiar la hipoteca de una entidad a otra. Sólo se puede modificar el tipo de interés.
Igualmente se puede hablar de subrogación en los contratos de alquiler, significando que un tercero acepta todos y cada uno de los términos firmados por el arrendador y arrendatario.
Se considera suelo de naturaleza urbana los clasificados así por el planeamiento urbanístico, los terrenos que dispongan de acceso rodado y de servicios urbanísticos, los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, y los fraccionados en contra de los dispuesto en la legislación agraria.
Es la superficie total incluyendo todo los elementos (anchura de muros, tabiques, terrazas, etc.).
· Si hablamos de un bloque de viviendas, hablaremos de superficie total a la que añadiremos la parte proporcional de elementos comunes, tales como escaleras, patios, etc.
Son los m2 útiles que se obtienen sumando todos los espacios del bien (vivienda, local, oficina, etc.) descontando el grosor de muros, vigas, patios, conductos, los cuales pueden suponer entre un 10% y un 15 % menos de la superficie total.
Tasa anual equivalente, es la transformación de las condiciones financieras a su equivalente anual, teniendo en cuenta los gastos y las comisiones.
Valor de la vivienda certificado por una empresa especializada en valoración. La tasación es un requisito necesario para la concesión de una hipoteca, según obliga la Ley del Mercado Hipotecario.
Cálculo del coste de un inmueble, teniendo en cuenta el valor del suelo y de la construcción, depreciándose en función de su antigüedad, uso y estado de conservación. Se deben de tener en cuenta las características singulares y las obras de reforma que se hayan realizado.
Valor administrativo que se toma como referencia, en relación con determinadas actuaciones de las Administraciones Públicas
· De carácter fiscal: · De carácter fiscal: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
· De carácter no fiscal: expropiación, valoraciones urbanísticas, determinadas ayudas, becas y subvenciones públicas, etc.
